«Existe el riesgo de perpetuar las vulneraciones de derechos lingüísticos en los servicios públicos»
2022-03-25
Hoy, el Observatorio de Derechos Lingüísticos, Hizkuntz Eskubideen Behatokia, ha presentado el informe «Situación de los Derechos Lingüísticos 2021», en un acto celebrado en el Palacio Europa de Gasteiz.
El año pasado Behatokia cumplió 20 años, y según ha destacado la directora del observatorio, Agurne Gaubeka, «nos gustaría destacar que la situación de los derechos lingüísticos en algunos sectores no ha cambiado en estos 20 años. No sólo eso, los pasos dados o los logros conseguidos en estos años pueden verse amenazados en el futuro».
A continuación ha tomado la palabra Garbiñe Petriati, técnica de Behatokia: «Lamentablemente, las medidas de estos años han tenido un ritmo demasiado lento y en algunas zonas ya vimos retrocesos en 2021. De hecho, en lo que llevamos de año el Observatorio ha recibido 1.320 incidencias, un 15% más que el año de pandemia de 2020».
La Administración y los servicios públicos, fuente de la mayoría de las quejas
En el informe de este año se realiza un análisis sectorial, pero se ha querido hacer mención expresa a un ámbito concreto: los servicios públicos, y en ellos la necesidad de medidas para garantizar en todo momento y en igualdad los derechos lingüísticos de la ciudadanía. En palabras de la directora de Behatokia, para lograr este objetivo ha querido incidir en la necesidad de trabajar de forma activa y pasiva los derechos lingüísticos, es decir, «la ciudadanía no puede utilizar el euskera si quien presta el servicio no lo permite. Y para ello, además de crear una normativa y mecanismos adecuados, todos los puestos públicos deben estar preparados para ofrecer servicios en euskera: atención en euskera, información, y recursos adecuados para trabajar también en euskera».
Todo ello daña los diferentes vértices de los derechos lingüísticos. Por un lado, los servicios públicos deben ser una referencia en la garantía de los derechos de la ciudadanía para la euskaldunización del ámbito socioeconómico, pero en opinión de Gaubeka, «lamentablemente, la existencia de criterios más difusos por parte de las propias administraciones públicas en los distintos ámbitos territoriales o sectoriales hace que se reproduzcan criterios similares en el ámbito socioeconómico». Por otro lado, las decisiones tomadas en los servicios públicos afectan a los hábitos lingüísticos de la ciudadanía, ya que «algunos servicios públicos se han acostumbrado a recibirlos en castellano y en otros el hecho de que sufran daños colaterales por el uso del euskera, lleva a la ciudadanía a la desmotivación y a sentirse ciudadanos de segunda», explica.
Lo mencionado ha tenido su reflejo también en la marcha de las incidencias que se han recogido en Behatokia durante 2021, con 1.199 quejas de los 1.320 casos, 73 felicitaciones, y el resto diferentes consultas o sugerencias. De ellas, las administraciones de los gobiernos vasco y navarro han sido las que más quejas han recibido.
Los incumplimientos que diariamente se producen desde los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra son un reflejo de las diferentes decisiones que toma esta Administración: en muchos casos, el acceso a los servicios en euskera no es posible y en otros, la ciudadanía se ve afectada por los daños colaterales. Por otra parte, Gaubeka ha explicado que «el hecho de que el euskera careciera de los apoyos legales suficientes y de que los derechos de la ciudadanía se repartieran por ámbitos lingüísticos territoriales (la zonificación), supune un perjuicio significativo para la ciudadanía que en 2021 quiere relacionarse con la administración en euskera». Asimismo, ha explicado que en las convocatorias públicas de empleo «la falta de consideración de los derechos de la ciudadanía que quieren vivir en euskera, así como los pronunciamientos de los tribunales en contra de las decisiones adoptadas para garantizarlos, han llevado a la ciudadanía a reivindicar sus derechos».
En el País Vasco, las carencias habituales se repitieron como todos los años. El establecimiento de las prioridades lingüísticas de las administraciones en función del número de hablantes o por zonas está directamente relacionado con la no garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Las deficiencias más evidentes se han encontrado en materia de seguridad ciudadana o sanidad, pero todavía existen problemas de acceso a los servicios en euskera tanto en el ámbito educativo como en la modernización vinculada a los servicios generales. También en esta Comunidad, la portavoz de Behatokia ha destacado que «los embates desde los tribunales han multiplicado la determinación y las reivindicaciones de la ciudadanía».
En Iparralde, aunque existe la intención y la voluntad de tomar medidas de política lingüística con determinación desde algunos ayuntamientos, el marco legal y normativo actual genera grandes limitaciones. Sin embargo, «en las distintas administraciones todavía el euskera es una lengua secundaria y la ciudadanía siguen reivindicando fomentar la presencia del euskera en la información que se les da», ha añadido Gaubeka.
Las barreras al aprendizaje en euskera en el ámbito educativo se han mantenido en 2021, además de las limitaciones legales del modelo de inmersión lingüística en euskera en el sistema público de Navarra e Iparralde, la falta de oferta en euskera en escuelas infantiles, formación profesional o universidades condiciona totalmente a la ciudadanía.
En el caso de las administraciones estatales, a pesar del aumento de las quejas ciudadanas, muchos ciudadanos y ciudadanas se han acostumbrado a recibir los servicios de estas administraciones en castellano o francés. Además, destacan las consecuencias de daño colateral que les produce el querer utilizar el euskera con estas administraciones.
En el ámbito socioeconómico, el euskera cada vez tiene menos espacio
En el ámbito socioeconómico, también en 2021 la ciudadanía destacó las vulneraciones en los grandes centros comerciales o cadenas de toda Euskal Herria, la hostelería, los servicios de interés general (proveedores de energía, transporte, telecomunicaciones) o los derechos lingüísticos en el ámbito del ocio (cultura y deporte). Y es que, en palabras de la técnica Garbiñe Petriati, «desde el observatorio hemos constatado que los ciudadanos destacan que en estos servicios el euskera cada vez tiene menos espacio, y que incluso cuando hay obligación legal, cada vez es más difícil recibir atención y servicios en euskera. Más allá del castellano y el francés, el inglés también ocupa un lugar más destacado que el euskera».
Por otra parte, la falta de oferta en euskera en el ocio o la menor oferta en euskera «puede influir en los hábitos de consumo de la ciudadanía y, de cara al futuro, se notó preocupación por los mensajes dirigidos a pequeños y jóvenes», añade la técnica de Behatokia. Asimismo, Petriati ha explicado que en estos ámbitos «las empresas y entidades que, sin tener ninguna obligación legal, se esfuerzan por ofrecer un servicio en euskera por su determinación, siguen siendo agradecidas por la ciudadanía, destacando la calidad del servicio y el respeto a la ciudadanía», por poner en valor las felicitaciones y agradecimientos recibidos por el Observatorio.
Incorporación de medidas como parte de la responsabilidad social
Por último, al considerar que los próximos años serán decisivos, Behatokia ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas de toda Euskal Herria para que «analicen de forma prioritaria las lagunas existentes para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y pongan en marcha medidas más eficaces». Por otro lado, para euskaldunizar el espacio socioeconómico y que los derechos fundamentales de la ciudadanía se asuman más allá de la voluntariedad, «las administraciones públicas deben ofrecer apoyo y tomar medidas legales», así como "impulsar el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus clientes y usuarios» por parte de las entidades y empresas privadas, ya que «también forma parte de su responsabilidad social en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria».
