El Amejoramiento debe reconocer la oficialidad del euskara a todo el territorio

Hoy ha comparecido en la Ponencia para la actualización de la LORAFNA del Parlamento de Navarra la directora del Observatorio de Derechos Lingüíisticos (Behatokia), Agurne Gaubeka.

Behatokia ha puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar el Amejoramiento del Fuero, advirtiendo de que el actual marco jurídico no garantiza adecuadamente los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía navarra. Según ha señalado la directora, Agurne Gaubeka, las vivencias, quejas y situaciones recogidas en los últimos 25 años muestran que la normativa vigente no es adecuada para dar respuesta a la realidad social del siglo XXI ni a los derechos de la ciudadanía.

En concreto, ha cuestionado el artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, poniendo de relieve las consecuencias, incapacidades y obstáculos que conlleva limitar la oficialidad del euskara y, por tanto, el reconocimiento de los derechos lingüísticos a una parte del territorio.

Según Behatokia, en comparación con otras comunidades con lengua minorizada –CAV, Galicia, Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana–, Navarra es la comunidad de la fragmentación. Además, a diferencia de esas comunidades, el Amejoramiento del Fuero no reconoce el euskara como lengua propia de Navarra. A juicio de Behatokia, la mención que se hace en la Ley del Euskara no es suficiente, y el Parlamento de Navarra debe otorgar valor al euskara desde una perspectiva transversal.

Behatokia ha denunciado asimismo que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias no se aplica de forma adecuada. Entre otras cuestiones, el comité de expertos del Consejo de Europa ha recomendado reiteradamente extender la parte III de la Carta Europea a la zona “mixta” y actuar conforme a su espíritu y objetivos también en las zonas “no vascófonas”, eliminando progresivamente las limitaciones actualmente vigentes.

Gaubeka ha subrayado que el sistema de zonificación, desarrollado al amparo del artículo 9 del Amejoramiento del Fuero, genera graves obstáculos para el desarrollo de una política lingüística eficaz. Como ejemplo, ha citado lo ocurrido con el Decreto del Euskara, así como las limitaciones competenciales de las administraciones locales para proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Además, ha denunciado problemas incluso para cumplir la normativa vigente: los derechos recogidos en la Ley Foral 18/1986 y en el Decreto 103/2017 no se cumplen adecuadamente, ni siquiera en las zonas donde la oficialidad del euskara está reconocida.

Behatokia ha expuesto también un caso concreto sufrido por una persona con el fin de visibilizar las consecuencias cotidianas de la zonificación. Debido a la organización de los servicios centrales o en situaciones de emergencia, las personas residentes en zonas donde el euskara es oficial a menudo no pueden recibir los servicios en euskara, ya que el personal o los recursos proceden de zonas mixtas o no vascófonas establecidas por la ley.

Gaubeka ha explicado que las consecuencias de esta situación son diversas: ausencia del euskara en la señalización, en la información pública y en el paisaje lingüístico; condicionamiento de la elección lingüística en la relación directa con la administración; imposibilidad de realizar numerosos trámites en euskara; o respuestas de la administración exclusivamente en castellano, incluso en zonas vascófonas. Estos problemas son especialmente graves en el ámbito digital: en torno al 60% de los trámites de la ciudadanía y aproximadamente el 97% de los trámites de las administraciones no pueden realizarse en euskara, ya que muchas páginas web aún no disponen de versión en euskara u ofrecen información más limitada.

Según Behatokia, las consecuencias no se limitan únicamente al funcionamiento de la administración. Se vulnera la igualdad entre la ciudadanía, ya que se pone en cuestión el derecho a recibir una atención adecuada y una buena administración establecido por la Ley Foral 11/2019 al no garantizarse el derecho a recibir los servicios públicos en condiciones de igualdad. Además, ha subrayado, basándose en evidencias científicas, la importancia de la lengua en la salud, la atención sociosanitaria, la seguridad y la integridad de las personas. También en el sector privado el derecho a recibir bienes y servicios básicos en euskara es limitado, ya que muchas empresas argumentan que el euskara no es oficial en esos territorios.

Para finalizar, Gaubeka ha destacado que el número de hablantes no puede condicionar la garantía de los derechos lingüísticos y que la oficialidad no puede vincularse al uso social. En su opinión, las decisiones actuales limitan también los derechos de la ciudadanía futura y, por ello, son necesarias medidas de reparación y equidad frente al proceso de minorización. Por todo ello, Behatokia ha solicitado al Parlamento de Navarra que el nuevo Amejoramiento del Fuero reconozca el euskara como lengua propia y extienda su oficialidad a todo el territorio.