Behatokia pide al Gobierno de Navarra garantías para poder realizar en euskera los exámenes de las oposiciones

2026-03-13

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  • Behatokia ha denunciado que el Gobierno de Navarra vulneró el derecho a realizar en euskera las pruebas de una convocatoria pública de empleo.
  • El Departamento de Función Pública no ha aceptado las recomendaciones recibidas del Ararteko, argumentando los riesgos que podría suponer la traducción del cuestionario.
  • Behatokia ha solicitado al Gobierno y al Departamento que garanticen la elección lingüística y los derechos de las personas aspirantes.

En 2025, el Gobierno de Navarra organizó el proceso selectivo para cubrir mediante oposición 10 plazas de técnico o técnica de igualdad. En una de esas plazas se exigía el conocimiento de euskera de nivel C1.

En septiembre se celebró el examen teórico y, posteriormente, de cara a la prueba práctica, varias personas aspirantes solicitaron poder realizarla en euskera. Es decir, pidieron que se garantizara la presencia en el tribunal de alguien con conocimiento de euskera. Las personas candidatas recibieron la respuesta en octubre: no podrían realizar el examen práctico en euskera.

Ignoradas las recomendaciones del Ararteko

En cuanto tuvo conocimiento de la situación, Hizkuntz Eskubideen Behatokia-Observatorio de Derechos Lingüísticos solicitó al Ararteko-Defensor del Pueblo de Navarra que recomendara al Departamento de Función Pública que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que los exámenes pudieran realizarse en euskera, especialmente en aquellas convocatorias de plazas en las que el conocimiento del euskera sea requisito.

El Ararteko así lo hizo y trasladó una recomendación a Función Pública:

«Recomendamos al Departamento de Interior, Función Pública y Justicia que adopte medidas para, en los procedimientos de acceso a la función pública en los que se provean plazas para las que sea requisito de acceso el conocimiento de euskera, los aspirantes puedan realizar las pruebas en dicha lengua».

Sin embargo, Función Pública no ha aceptado la recomendación del Ararteko y ha respondido lo siguiente:

«Se ha de recordar que es el Tribunal Calificador el responsable en exclusiva y quien debe custodiar el cuestionario de preguntas de una prueba selectiva, antes del día de la realización de la prueba selectiva. La elaboración de dicho cuestionario en Euskera conllevaría la traducción íntegra del mismo, y por tanto, encomendar la realización de dicha tarea a otro órgano distinto y ajeno al Tribunal Calificador, lo que podría conllevar el acceso al contenido del cuestionario antes de la realización de las pruebas selectivas».

Según Función Pública, para poder realizar los exámenes en euskera en las convocatorias públicas habría que recurrir a servicios de traducción, lo que implicaría que la información que solo maneja el tribunal pasara por manos externas; por ello, no han aceptado la recomendación.

Cabe recordar que el Gobierno de Navarra tiene, entre otras, las siguientes obligaciones legales:

«Proteger el derecho de la ciudadanía a usar el euskera y establecer los instrumentos para hacerlo efectivo» (artículo 1.1.a de la Ley del Euskera).

«Toda la ciudadanía tiene derecho a utilizar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con las administraciones públicas» (artículo 6 de la Ley del Euskera).

Que adopten medidas en lugar de poner excusas

A juicio de Behatokia, «la solución más adecuada a este asunto sería incorporar en el propio tribunal a personas con conocimiento de euskera. Aun así, no entendemos las excusas que se plantean para no utilizar servicios de traducción u otras herramientas».

En este sentido, «como ocurre en otras administraciones o convocatorias, estos departamentos de la administración cuentan con normativas estrictas sobre el uso de la información. Por ejemplo, en las comunicaciones en euskera que realiza Osasunbidea se utilizan datos de pacientes y los servicios de traducción tienen la obligación de tratarlos adecuadamente», ha señalado el director de Behatokia.

Por último, Behatokia ha solicitado al Gobierno de Navarra y al Departamento de Función Pública que adopten cuanto antes y sin más retrasos las medidas necesarias para respetar la elección lingüística de las personas aspirantes y garantizar los derechos que les reconoce la ley.