Behatokia llama a la ciudadanía a denunciar cualquier vulneración de derechos lingüísticos

 

Las vulneraciones de derechos, normalizadas

En primer lugar, Agurne Gaubeka, directora de Behatokia, ha explicado: «La situación de los derechos lingüísticos en 2024 es también un reflejo de las carencias de años anteriores. Los casos recogidos a través del Teléfono del Euskara ponen principalmente el foco en las administraciones y autoridades públicas, ya que son responsables de la normativa y el respaldo legal. Pero también incluyen a empresas y agentes del ámbito socioeconómico, pues las reglas del juego en este ámbito también las establecen los poderes públicos».

Según Gaubeka, «no podemos decir que en 2024 la situación haya mejorado». La supremacía del castellano y el francés es evidente, y en todo el territorio del euskara hay dificultades tanto escritas como orales para recibir información en esta lengua o para utilizarla. Además, en numerosas ocasiones se ha observado un intento de perpetuar estas vulneraciones en las respuestas dadas a las quejas recibidas. Según la directora de Behatokia: «Las instituciones siguen impulsando el uso del castellano y el francés, legitimando vacíos legales para no ofrecer atención en euskara en sus respuestas a las quejas recibidas».

Por su parte, la técnica Garbiñe Petriati ha presentado los datos recopilados por Behatokia. En 2024, se registraron un total de 1.206 incidencias a través del Teléfono del Euskara y los servicios telemáticos que ofrece la entidad. De ellas, 1.112 fueron quejas, 62 felicitaciones y 32 consultas, sugerencias u otros casos. Petriati ha recordado que estos datos representan solo una pequeña muestra de la realidad y que las vulneraciones que quedan sin denunciar son incontables.

A continuación, se resumen las principales vulneraciones de derechos y retrocesos recogidos en el informe Situación de los Derechos Lingüísticos 2024. El informe completo está disponible (en euskara) en este enlace. 

 

Situación de los derechos lingüísticos en el ámbito público

En la administración del Estado español, la tendencia ha sido no respetar la oficialidad bilingüe vigente y no establecer obligaciones claras en relación con los servicios en euskara. Como resultado, los hablantes de euskara quedan desprotegidos cuando exigen que se respeten sus derechos lingüísticos ante las administraciones y empresas de propiedad estatal. Un año más, la Administración de Justicia y las empresas públicas gestionadas por el Gobierno español han sido las que más quejas han recibido.

Las administraciones del Estado francés siguen sin reconocer el euskara. A pesar de cierto reconocimiento cultural, los principales obstáculos para la enseñanza en euskara siguen siendo una muestra clara de esta falta de reconocimiento, así como la ausencia de la lengua en muchos ámbitos. Mientras el francés siga siendo la única lengua con reconocimiento y utilidad oficial, continuará la negación sistemática de los derechos de los hablantes de lenguas minorizadas.

En el caso del Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y la Comunidad de Aglomeración del País Vasco (Iparralde), la situación de los años anteriores no ha mejorado. Las quejas enviadas a Behatokia demuestran que siguen faltando garantías para recibir servicios, consumir, estudiar y, en general, vivir en euskara, así como medidas ante el incumplimiento de sus obligaciones.

A pesar de sus competencias, estas instituciones siguen legitimando situaciones y restricciones que establecen la preponderancia del castellano y el francés e impulsan el uso de estos idiomas en sus respuestas a las vulneraciones denunciadas. Todo ello refleja la necesidad de desarrollar una política lingüística adecuada para promover el euskara, como evidencian los casos recogidos en el informe de 2024. Sigue siendo habitual que las y los ciudadanos tengan que solicitar reiteradamente servicios en euskara, y que, aun habiéndolo solicitado previamente, se les exija cambiar al castellano o al francés, o que tengan que sufrir a retrasos y otros obstáculos por querer expresarse en euskara ante la administración pública.

La cuestión central de la mayoría de los casos se puede identificar con facilidad: para garantizar el uso del euskara, es necesario asegurar que las personas responsables de ofrecer los servicios lo conozcan. Las medidas parciales perpetúan las vulneraciones y obstáculos.

En las entidades locales, aunque algunas hacen esfuerzos para garantizar la posibilidad de vivir en euskara, en muchas otras los derechos lingüísticos siguen sin estar integrados en diferentes áreas de gestión. Además, las decisiones tomadas por otras administraciones o a través de la judicialización también tienen repercusiones en las entidades locales.

Principales preocupaciones sobre la situación de los derechos lingüísticos

En términos generales, el acceso a servicios en euskara en sectores como la sanidad, la seguridad o los cuidados sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. También sigue habiendo grandes déficits en la presencia del euskara en el paisaje lingüístico de pueblos y ciudades, como ocurre en el caso de Navarra.

En el ámbito educativo, Behatokia ha concluido que en Iparralde y en la Comunidad Foral de Navarra persisten los mismos obstáculos para la expansión de la enseñanza en euskara. Además, en todos los territorios han surgido quejas y protestas por la falta de oferta en áreas como la Formación Profesional y por la oferta limitada en las universidades.

Especial preocupación genera el hecho de que la oferta educativa esté limitada por parámetros de mercado, sin considerar que el respeto a los derechos lingüísticos debe ser tratado como un derecho universal en la educación. En lugares donde no hay oferta, es difícil generar demanda. Por ello, teniendo en cuenta que el euskara es una lengua minorizada, es imprescindible adoptar medidas específicas para fomentar su oferta desde el primer momento.

Situación de los derechos lingüísticos en el ámbito privado

En el ámbito socioeconómico, incluido el ocio, en las zonas donde al euskara no se le reconoce la oficialidad, pocas empresas respetan los derechos lingüísticos. Pero incluso en las zonas donde sí tiene oficialidad, la falta de regulaciones específicas en materia de derechos del consumidor se traduce en vulneraciones constantes.

A medida que ha cambiado el ecosistema empresarial, la ciudadanía se encuentra con multinacionales y empresas que limitan el reconocimiento de los derechos de hablantes a las reglas del mercado y las normas estatales, sin ninguna garantía. En 2024, muchas empresas han seguido ignorando las quejas de consumidores. Por ello, es necesario fortalecer las regulaciones y blindar los derechos de clientes en los próximos años.

Garantizar los derechos, responsabilidad institucional

Según Behatokia, cada decisión que no se tome desde las instituciones o cada decisión contraria a las garantías tiene consecuencias, y no solo en la perpetuación de las vulneraciones actuales. También en la desigualdad que viven las personas vascoparlantes como comunidad lingüística minorizada, así como en el bienestar, la seguridad, la salud y los cuidados de la ciudadanía… En definitiva, está en juego la calidad de los servicios públicos. Asimismo, estas decisiones repercuten en la eficiencia y eficacia de los recursos de la administración, en la responsabilidad social de los distintos agentes y entidades, y en el prestigio y reconocimiento del euskara en el ámbito socioeconómico.

«Según el ámbito social, los derechos lingüísticos también rigen nuestras vidas, y si queremos que lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea la base intangible de la sociedad, es necesario ofrecer a la ciudadanía garantías, justicia e igualdad más allá de los parámetros actuales», ha señalado Agurne Gaubeka, directora de Behatokia.

«En ese camino, queremos expresarlo con claridad: las lenguas no mueren, las lenguas se matan. Sin una protección legal adecuada, sin medidas y recursos eficaces para garantizar los derechos lingüísticos, y considerando la lengua y sus hablantes como algo secundario, se otorga al euskara un menor valor social que a otras lenguas», ha añadido.

En opinión de Behatokia, detrás de lo que en los últimos años se ha denominado una ofensiva contra la normalización del euskara, se esconde la negación de derechos, la falta de reconocimiento de las comunidades lingüísticas, la ausencia de igualdad entre hablantes y el rechazo a las medidas de reparación para las lenguas minorizadas.

Por ello, Behatokia hace un llamamiento a toda la ciudadanía a sacar a la luz todas aquellas situaciones injustas que reflejan la falta de normalización del euskara. Y, en lugar de aceptar las vulneraciones de derechos, a desnaturalizarlas, problematizarlas y denunciarlas.