La vulneración de los derechos lingüísticos perjudica la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía

Falta de obligaciones legales, detrás de la ausencia de avances

Al inicio de la presentación, la directora Agurne Gaubeka ha recordado que este año Behatokia cumple 25 años en la defensa de los derechos lingüísticos, poniendo el foco en “las situaciones derivadas de la falta de obligaciones legales”. En este sentido, ha señalado que “en los últimos años la ausencia o indefinición de obligaciones legales en la normativa ha generado situaciones de vulneración por el uso del euskera”, y que “en muchas ocasiones la actuación en materia de derechos lingüísticos queda en manos de la voluntad de administraciones o empresas privadas”.

Según Gaubeka, “prueba de ello es que a muchas de las vulneraciones recogidas en el Teléfono del Euskera ni siquiera se les ha dado respuesta, y que en estos 25 años no se han producido avances significativos en algunos ámbitos, repitiéndose una y otra vez las situaciones denunciadas por la ciudadanía”.

A continuación, la técnica Garbiñe Petriati ha dado a conocer los datos recopilados por la entidad. En 2025 se registraron un total de 984 incidencias a través de las llamadas y servicios telemáticos del Teléfono del Euskera. De ellas, 883 fueron quejas relacionadas con vulneraciones de derechos lingüísticos. Además, se contabilizaron 69 felicitaciones y 32 consultas, sugerencias u otros casos. Petriati ha recordado que estos casos son solo una pequeña muestra de la realidad, y que las vulneraciones que quedan sin denunciar en el día a día son innumerables.

A continuación, se resumen las principales vulneraciones de derechos y retrocesos recogidos en el informe Situación de los Derechos Lingüísticos 2024. El informe completo está disponible (en euskara) en la web www.behatokia.eus.

Situación en la administración pública

En los casos de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, la ciudadanía sigue teniendo que solicitar expresamente recibir información y realizar trámites en euskera. La falta de conocimiento de euskera en determinados puestos públicos limita no solo el servicio, sino también la capacidad del sistema en su conjunto para funcionar en euskera. En los servicios subcontratados, además, faltan cláusulas lingüísticas o mecanismos de control de su cumplimiento.

En la administración del Estado español, aunque se han producido algunos cambios superficiales, en la práctica el reconocimiento del euskera sigue siendo secundario, y la ciudadanía ha denunciado obstáculos cuando ha intentado utilizarlo. La no obligatoriedad del conocimiento del euskera impide también garantizar los derechos lingüísticos en todo el sistema.

Por su parte, la negativa sistemática de las administraciones del Estado francés provoca una vulneración total de los derechos lingüísticos. La ciudadanía denuncia la imposibilidad de recibir la mayoría de los servicios públicos en euskera, así como efectos colaterales en ámbitos como la justicia, la educación o la sanidad. No se garantiza adecuadamente el derecho a un servicio público de calidad, al no contemplarse medidas para el uso del euskera, e incluso se han registrado situaciones de prohibición.

En el ámbito del sistema judicial, los juicios ocurridos en 2025 en Iparralde pusieron de manifiesto la negación de los derechos lingüísticos y la vulneración del derecho a una defensa efectiva. El funcionamiento del sistema judicial bajo la administración del Estado español continúa desarrollándose en castellano, condicionando en todo momento tanto la elección lingüística de la ciudadanía como su derecho a una justicia de calidad. Además, incluso en las competencias en materia de justicia asumidas por el Gobierno Vasco, se siguen produciendo vulneraciones significativas de los derechos lingüísticos y la mayor parte de la actividad se desarrolla en castellano. Las pruebas piloto para trabajar en euskera y las medidas recogidas en el plan de euskera no son suficientes para euskaldunizar la justicia en la CAV.

En las entidades locales, los hábitos de trabajo en castellano y la existencia de puestos sin conocimiento de euskera provocan que las vulneraciones se repitan año tras año, incluso en municipios donde el euskera es oficial. Aunque tras la tramitación de quejas se realizan correcciones, la señalética temporal y el paisaje lingüístico siguen siendo fuente de quejas. Especialmente en Iparralde y Navarra, el hecho de que el sistema no esté preparado para funcionar en euskera, la falta de conocimiento de la lengua o su consideración como secundaria provocan que la ciudadanía sea atendida en castellano o francés, sin poder recibir atención e información en igualdad de condiciones que quienes optan por estas lenguas.

Principales preocupaciones en el ámbito de los derechos lingüísticos

Entre las principales preocupaciones, la ciudadanía ha destacado el impacto directo de las vulneraciones de derechos lingüísticos en la calidad del sistema sanitario. La dificultad para recibir atención en euskera está aumentando, tanto en especialidades como en determinados centros de salud. La elección lingüística de profesionales que no conocen euskera se impone, dejando a la ciudadanía desprotegida y afectando a la calidad del sistema.

Asimismo, se han señalado consecuencias negativas y situaciones de inseguridad al utilizar el euskera en servicios vinculados a la seguridad pública y urgencias. En situaciones de emergencia, poder comunicarse adecuadamente en euskera resulta fundamental para garantizar la seguridad e integridad.

En educación, el derecho a estudiar en euskera vuelve a ocupar un lugar destacado en el informe de 2025: se mantienen la imposibilidad de realizar el examen de acceso en euskera en Iparralde, los obstáculos para abrir líneas del modelo D en Navarra, o la escasa oferta en euskera en Formación Profesional y universidades en todos los territorios.

Ámbito privado

En el ámbito socioeconómico, incluidas las actividades de ocio, las empresas que prestan servicios básicos continúan sin garantizar la atención e información en euskera, incluso en sectores donde existe obligación legal. Falta un marco legal adecuado, así como medidas y planificación. También han aumentado las quejas relacionadas con máquinas y nuevas tecnologías en grandes superficies, y se han detectado respuestas inadecuadas al utilizar el euskera en la hostelería y el pequeño comercio. Se ha denunciado, además, una mayor presencia de lenguas extranjeras frente al euskera.

Vivir en euskera, una necesidad de segundo orden

Muchas de las incidencias recogidas evidencian que la situación de los derechos lingüísticos sigue sin avances o incluso con retrocesos. La falta de reconocimiento o de garantías tiene un impacto directo en la enseñanza, el uso y el futuro del euskera, por lo que Behatokia se suma al diagnóstico de emergencia lingüística.

“Si no se plantean cambios profundos en la normativa, no se realizan inversiones suficientes y no se establecen medidas garantistas, se seguirán repitiendo las mismas situaciones y vulneraciones”, ha subrayado Gaubeka.

Además, ha advertido del riesgo creciente de retroceso: “En muchos ámbitos, utilizar el euskera en la vida cotidiana se considera una necesidad secundaria. Mantener una actitud firme para vivir en euskera es percibido en algunos espacios como un ataque hacia quienes no lo conocen, lo que conlleva consecuencias para la ciudadanía”.

El informe también pone el foco en las respuestas de administraciones, empresas y agentes ante las vulneraciones: más allá de las respuestas inadecuadas, preocupa la falta de respuesta o la apelación a “otras prioridades”. Entre ellas, Gaubeka ha destacado las recibidas desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Estas respuestas evidencian la necesidad de nuevos marcos normativos y medidas que garanticen los derechos lingüísticos. “Si queremos una sociedad justa e igualitaria, el reconocimiento de derechos humanos básicos como son los lingüísticos debe ser un elemento central para nuestras instituciones y empresas”, ha señalado.

Llamamiento a la activación

Por todo ello, Behatokia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a tomar conciencia de las vulneraciones de los derechos lingüísticos, a empoderarse mediante el uso del Teléfono del Euskera, y a ser euskaltzales activos. Asimismo, ha mostrado su adhesión a la Marcha Euskaltzale (Euskaltzaleon Martxa) convocada por Euskalgintzaren Kontseilua el 13 de junio en Iruñea-Pamplona, animando a toda la ciudadanía a participar para impulsar el nuevo ciclo de revitalización necesario para garantizar el futuro del euskera.